Situación General:
1) La Unidad proactiva con la Policía Nacional.
A pesar del criticismo y la desconfianza hacia la Policía Nacional, la Unidad de Protección de Defensores de Derechos Humanos (La Unidad) ha dado un paso importante para proteger a los defensores de derechos humanos. La Unidad ha llegado a un acuerdo con el servicio de emergencia (#110) de la Policía Nacional Civil para responder a las llamadas de defensores de derechos humanos que están siendo vigilados y/o perseguidos por personas que, presumiblemente, buscan información. Este número de emergencia ha sido utilizado en los últimos allanamientos, robos de coches o asesinatos. Ahora, la propuesta es usar este servicio cuando personas sospechosas o coches sean vistos enfrente de sus oficinas o sus casas con la esperanza de romper el ciclo de “inteligencia” que posteriormente permitía otra clase de ataques.
Para establecer esta relación, la Unidad está impartiendo talleres al personal de despacho de la policía explicando el trabajo de los defensores de derechos humanos y como ellos contemplan este trabajo de cooperación. Los voluntarios de NP han acompañado a los miembros de la Unidad en esas ocasiones y pudieron comprobar una relación abierta entre los departamentos de policía y la Unidad. En una visita, los agentes incluso les mostraron como funcionaban sus programas informáticos.
Teniendo en cuenta a la otra parte a la que va dirigida esta iniciativa, la Unidad envió un memo a las organizaciones de derechos humanos pidiendo a los defensores que consideraran usar este servicio. El memo explica como la presión internacional ha sido dirigida al Ministerio de Gobernación para proveer medidas de seguridad más efectivas y esto ha abierto un nuevo mecanismo de respuesta para los defensores que, además, tiene un carácter preventivo. Los posibles “usuarios” deben identificarse como defensores de derechos humanos, independientemente de la categoría a la que pertenecen ( ej: laboral, campesinos, periodistas, activistas) para permitir llevar a cabo alguna acción preventiva. Puede que ellos no quieran dar su nombre ni el de su organización, pero la Unidad les explicó que si lo hacían ayudarían al proceso. Necesitan dar su localización de forma que una patrulla pueda ser enviada hasta ese lugar.
Este acto de confiar en una agencia que ha sido acusada de abusos e incompetencia, ha levantado suspicacias en la comunidad de derechos humanos. Los miembros de la Unidad piensan que esto abre muchas posibilidades. Puede ayudar a una institución como la Policía Nacional Civil a recuperar alguna credibilidad y legitimidad, mediante la formación de empleados honestos. Esto ofrece a la PNC la posibilidad de actuar competentemente en tareas que requieren cierta pericia y alguna capacidad tecnológica. Permite a los defensores dar un seguimiento cuando la respuesta policial ha sido inadecuada, antes de que su vida corra más peligro. Con una línea interna de comunicación, los defensores pueden informar de los problemas a los Jefes de departamento, y también pueden controlar a las patrullas que llegan muy tarde o vigilar a las que parezcan hostiles o irresponsables.
2) El legado de la Guerra: “Patrullas de Auto-Defensa Civil”.
La Comunidad de los Cimientos, en el departamento del Quiché, ha estado dividida durante años por las Patrullas de Autodefensa Civil, grupos locales de campesinos organizados, armados y obligados por el ejército a realizar patrullajes durante los años de guerra. Con el paso del tiempo, muchos reclutados adoptaron las prácticas del ejército y las adaptaron a su conveniencia. Los Acuerdos de Paz de 1996 establecieron el desarme de estos grupos. Pese a estos compromisos, muchas comunidades continuaron soportando el legado violento y divisorio de estas patrullas, ahora auto-llamadas “líderes comunitarios”.
En los Cimientos, al menos 17 hombres conservaron sus armas y de acuerdo con los “denunciantes” continuaron intimidando y controlando al resto de la comunidad. Uno de los líderes principales, un mayense también, ha adquirido un considerable peso en este proceso. En estos años, un numeroso grupo de hombres de la comunidad, algunos de los cuales habían participado previamente en las patrullas, intentaron resistirse a participar en estos servicios forzados. Han buscado el apoyo de las autoridades gubernamentales, pero no se han podido beneficiar del mismo. De acuerdo con aquellos que se están resistiendo, los hombres armados han utilizado amenazas y asesinatos para obtener trabajo gratuito de sus vecinos. Si los campesinos no patrullan, deben pagar 50 quetzales por día. Si no pagan, son obligados a punta de pistola, a trabajar por tres días en las tierras de los líderes.
Eventualmente, las amenazas y ataques se volvieron tan graves que muchas familias abandonaron el área, creyendo que sus vidas estaban en peligro. Al menos 218 personas abandonaron la comunidad entre el 7 y 10 de mayo. Algunos se refugiaron en las montañas, otros pidieron ayuda en otras comunidades, y el resto llegaron a la capital con la determinación de presentar su caso ante el gobierno nacional, la prensa, organismos internacionales, y organizaciones de derechos humanos. NP acompañó a la Unidad a tomar los testimonios y posteriormente se ha acompañado al grupo en el proceso de denunciar los abusos.
El grupo de refugiados presentó un listado con los cambios que solicitaban, incluyendo que el grupo de los 17 se desarmara y que una sub-estación de policía se estableciera en la ciudad para garantizar su seguridad. Decidieron presionar a las autoridades oficiales para que asumieran la responsabilidad de desarmar a los 17 y les ofrecieran un retorno seguro. También buscan ayuda para llevar a cabo el proceso legal que llevaría a los hombres armados ante la justicia por los abusos del pasado. No fueron partidarios de un acercamiento en la resolución del conflicto, argumentando que ya lo habían intentado en dos ocasiones, pero se repitió siempre la misma dinámica. Piensan que no se puede llegar hasta una resolución satisfactoria mientras el otro grupo continúe armado.
La respuesta del gobierno fue comprensiva, pero lenta. Una patrulla de policía fue enviada a la comunidad, pero fue ahuyentada con disparos. Se hizo otro intento para buscar las armas, pero no se encontraron. La situación de los refugiados de Los Cimientos presenta algunas urgencias. Los propietarios del lugar que están ocupando han intentado poner límite el tiempo a su estancia. Incluso cuando las condiciones del lugar son infrahumanas, ya que 107 personas comparten un baño. Han perdido la cosecha de este año, así que incluso sí regresaran pronto, necesitarían comida suplementaria hasta la cosecha siguiente en Diciembre del 2008.
Al menos dos colaboradores que trabajan en derechos humanos han dicho a NP que ellos lo ven como un caso muy importante por su potencial para abrir nuevas vías en la solución de este conflicto en otras comunidades que sufren este legado de las patrullas civiles.
3) Violencia y miedo en el año electoral:
De acuerdo con el estudio del Movimiento Pro Justicia, entre enero 2005 y junio 2006, el 94-96% de los crímenes cometidos en Guatemala nunca fueron investigados. En 2007, año electoral, los niveles de violencia, indican que los criminales, cualquiera que sea su motivación, no saben que significa ser considerado culpable.
El miedo de la población puede medirse en encuestas como la que citamos en el informe de mayo (86% puso la inseguridad como su mayor preocupación) o con las alambradas que se colocan en lo alto de las paredes, o en el gran número de coches con cristales tintados. Las pequeñas tiendas guardan sus mercancías tras unas rejas, y los clientes se ven obligados a pagar por sus compras a través de los barrotes. Guardas de seguridad con poderosos rifles permanecen en las puertas de los restaurantes y tiendas para permitir la entrada al público. Todo esto existía incluso antes de que apareciera la violencia electoral.
El fenómeno más desconcertante y que más esta afectando a la población son los asesinatos de conductores de bus. Durante el 2006, 53 conductores fueron asesinados. Hasta el 10 de junio de este año, 25 conductores de bus perdieron la vida. En tanto que hay una amplia documentación de este problema, puede parecer que las elecciones no son el factor principal. Informes anteriores citaban noticias sobre extorsionistas que amenazaban conductores si estos no pagaban una tasa. A medida que avanza la campaña electoral, más parece que ésta se convierte en un partido de fútbol.
Funcionarios de alto nivel, incluido el Presidente Berger, atribuyen esta abrumadora tendencia a los partidos políticos, que buscan desestabilizar el gobierno o ganar alguna ventaja por ‘mano dura’. Los candidatos acusan a otros partidos de crear un clima de miedo y ellos, a su vez, los han acusado de utilizar esta situación para su ventaja política. (Nota al margen, y hablando de fútbol, 11 candidatos presidenciales se pusieron de acuerdo para formar un equipo y jugar contra periodistas para recaudar fondos para programas de nutrición infantil del Club Rotary).
La Misión de Observación Electoral de la OEA descubrió en su reciente visita a Guatemala un completo clima de miedo. Los informes reconocen ‘la magnitud de la preocupación sobre el clima de inseguridad y violencia es mayor que el encontramos en el proceso electoral del 2003”. La Misión estuvo 22 días en el país y habló con autoridades gubernamentales, el Tribunal Supremo Electoral, el Procurador de Derechos Humanos, la sociedad civil, y los candidatos presidenciales y vicepresidenciales. Todo el mundo estuvo de acuerdo con su informe, que la violencia a este nivel en el período electoral es causa de preocupación. Resaltan el problema de la influencia económica de los narcos en las elecciones de algunas regiones, pero tiene una nota positiva, aplauden la revisión de los mecanismos que establecieron para monitorear la campaña electoral.
4) 21 de junio de 2007 y la ley de la Desaparición Forzada
El solsticio de verano fue un largo día de recuerdo para las familias de los desaparecidos. Una misa en la Catedral y una exhibición de fotos en el Parque Central fueron las piezas centrales de una semana de eventos para conmemorar a las víctimas de la desaparición forzada. Hace al menos veinte años muchas organizaciones acordaron designar el 21 de junio como el día nacional de la desaparición forzada. En 1980, en dicha fecha, 27 líderes sindicales fueron desaparecidos de sus oficinas de la Ciudad de Guatemala, nunca mas se volvió a saber de ellos. La cifra comúnmente estimada es que 45,000 personas fueron desaparecidas de similar manera a lo largo de los años. La mayoría a finales de los 70 y principios de los 80.
El 20 de junio los organizadores invitaron a miembros del Congreso a hablar sobre la propuesta de ley, que daría lugar a la formación de una Comisión Nacional para la búsqueda de personas, víctimas de la desaparición forzada y otras formas de desaparición. La Comisión seria autónoma y su objetivo sería identificar y encontrar a personas o sus pertenencias, para aportar alguna estimación de los daños y perjuicios causados por los crímenes, y coordinar la implementación de las reparaciones. Los autores de la ley estiman que la Comisión necesitaría 15 años para desarrollar un Registro Nacional de Víctimas y resolver todos los casos. Esta propuesta de ley no pretende ajusticiar a los perpetradores. Intentaría extender el apoyo psicológico y una limitada ayuda legal a los miembros de las familias.
Quince organizaciones apoyaron este Foro, incluido el GAM, organización miembro de NP, El Movimiento Nacional de los Derechos Humanos, dos semi-autónomas agencias gubernamentales. Una de ella, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) fue un paso más lejos y publicó un anuncio dando un fuerte apoyo a la propuesta.
El día 22, por la noche, cuatro de los líderes principales que sobrevivieron a la represión de los 70 y 80, fueron homenajeados por una organización de hijos de los desaparecidos (H.I.J.O.S). Todos los homenajeados estuvieron exiliados debido a las amenazas contra sus vidas. Uno de ellos es muy conocido para NP, Miguel Ángel Albizures, fundador del Movimiento Nacional de los Derechos Humanos, organización en la cual se enmarca la Unidad, la cual NP está acompañando.
El 30 de junio, H.I.J.O.S organizó una marcha en gran parte de la ciudad. Tuvo escasa participación e incluyo pintadas de eslóganes en muros y coches. El 30 de junio era también el día del Ejército y los militares tuvieron un amplio desfile en el Parque Central. NPG asistió a ambos eventos. PBI y unos veinte periodistas estuvieron también presentes en la marcha de H.I.J.O.S. Numerosos cuerpos de seguridad bloquearon la entrada de los manifestantes al Parque Central y arrojaron bombas lacrimógenas para detener su avance.
Informe del equipo.
Personal: Ann Frisch finalizó sus tres meses de estancia y regresó s los Estados Unidos el 30 de junio. Ann nos dejó una extensa galería fotográfica y numerosos informes sobre los casos atendidos por la Unidad. Su blog era una importante fuente de información para amigos y seguidores de NP. Agradecemos sus importantes contribuciones y su positiva actitud, así como su fortaleza y ayuda para poner en marcha este proyecto.
Visita al equipo de NP: David Hartsough visitó durante cuatro días al equipo de Guatemala y asistió a las entrevistas de la evaluación con los miembros de la Unidad y participó en un acompañamiento aquí en la Ciudad. Betsy y David se reunieron con Claudia antes de que saliera de viaje por dos semanas. David nos presentó a Amilcar Mendez, un activista de derechos humanos de renombre internacional. También compartimos dos eventos con Heidi Flores, la hija de Mel Duncan, y su familia. Agradecemos la visita de David, sus valiosas observaciones y sus contactos.
La evaluación llevada a cabo, durante y después de la visita de David, consistió en conversaciones informales con los miembros de la Unidad, le preguntamos sobre sus impresiones sobre el acompañamiento en general y sus opiniones sobre temas específicos ( ej: niveles de riesgo, el acompañamiento en reuniones y en la toma de testimonios, sus preocupaciones y sugerencias).
La Unidad ha coincidido en afirmar que nuestra presencia ha incrementado su sentido de la seguridad y el de las personas que visitan. Aprecian que los voluntarios tengan conocimiento de la situación en Guatemala y quieren que también nos mantengamos informados sobre los casos que están llevando. Así, prefieren que asistamos a las reuniones con ellos, en lugar de esperar afuera, incluso sabiendo que no vamos a participar. Piensan que esto amplia su seguridad en diferentes formas. (Anteriormente, Claudia dejó abierto este tema, considerando decidir caso por caso).
El personal también apuntó que las amenazas recibidas en febrero y el pasado mayo estaban dirigidas a la institución y no individualmente, de forma que actualmente no sienten que el nivel de riesgo justifique un acompañamiento mas allá de sus horas de trabajo. Claudia también opinó lo mismo, de manera que si considera que su nivel de riesgo justifica un acompañamiento más intensivo, nos lo hará saber. Los miembros de la Unidad comentaron que cuando más aprecian nuestra presencia es el momento de recoger testimonios y especialmente en los desplazamientos fuera de la ciudad.
El personal expresó alguna preocupación sobre la infrautilización de los voluntarios mientras ellos ocupados en sus tareas administrativas. (Todos los días, al menos un miembro de NP permanece en la oficina, mientras otro acompaña a Claudia. Esto implica que la mayoría de los días un voluntario esté libre, a menos que otro voluntario este acompañando a uno de los miembros de la Unidad).
Debido a estoy teniendo en cuenta que el nivel de riesgo para la Unidad es bajo, por el momento, hemos empezado a establecer conversaciones con NP y la Unidad sobre la posibilidad de realizar un acompañamiento menos intensivo, sin que ello implique exponer a la Unidad o que afecte a nuestra disponibilidad cuando ellos nos necesiten.
Relaciones Públicas. Este mes Betsy Crites continuó estableciendo contactos con otras organizaciones, como el Foro Internacional de ONGs, que realizó un taller de seguridad en tecnología informática. Se reunió también con Frank La Rue, Jefe de la Comisión de Derechos Humanos del Presidente y posteriormente acompañó a la Unidad a una reunión que ellos celebraron para solicitar retroalimentación sobre el plan nacional de derechos humanos. También se reunió con el representante holandés de la Plataforma Contra la Impunidad en Guatemala, que aglutina numerosas organizaciones internacionales que trabajan para alentar a las Embajadas a ser más activas en la defensa de los derechos humanos. El equipo también mantuvo contactos informales con miembros de otras organizaciones de acompañantes.